De conformidad al artículo 4 de la Ley Foral de Transparencia información pública es:

Aquella información, cualquiera que sea su soporte y forma de expresión, generada por las administraciones públicas a las que se refiere esta ley foral o que estas posean. Se considera, asimismo, información pública aquella cuya autoría o propiedad se atribuye a otras entidades o sujetos que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas o funciones públicas, siempre que haya sido genereda u obtenida en el ejercicio de una actividad pública.

Mucha de esta información se encuentra ya publicada en esta página web y en el Portal dl Gobierno Abierto. Si no la encuentra puede solicitar ayuda para buscarla y/o formalizar la solicitud de acceso a la información pública.

El derecho de acceso a la información pública no es universal y está sujeto a los límites establecidos en los artículos 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y 31 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

El órgano competente para resolver las solicitudes de acceso a la información pública es el director o directora gerente u otras figuras existentes en la sociedad que ostenten facultades de representación.

Con carácter general, la solicitud de información pública deberá ser respondida en el plazo máximo de un mes desde la fecha de entrada en el registro correspondiente.

Este plazo podrá ampliarse por otro mes más, si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulta imposible emitirla en el plazo antes indicado. En este supuesto, deberá informarse a la persona solicitante, dentro del plazo máximo de diez días, de las razones que justifican la emisión de la resolución en dicho plazo.

El derecho de acceso está sujeto a ciertos límites, recogidos en el artículo 31 de la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de la Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno cuando suponga un perjuicio para:

• La seguridad pública.
• La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
• La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
• La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva.
• Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control.
• Los intereses económicos y comerciales legítimos, sin perjuicio de la publicidad de los convenios, contratos y otros actos administravios conforme a esta ley foral
• El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial.
• La protección del medio ambiente.
• La información declarada reservada o protegida por normas con rango de ley.

La aplicación de estas limitaciones será, en todo caso, proporcionada atendiendo a su objeto y su finalidad de protección y deberá interpretarse de manera restrictiva y justificada. Estas limitaciones solo serán de aplicación durante el periodo de tiempo determinado por las leyes o en tanto se mantenga la razón que las justifique.

Serán inadmitidas a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes que:

• Se refieran a información que la ley excluya del derecho de acceso.
• Se refieran a información que no obre en poder de la entidad a la que se dirijan y se desconozca el competente.
• Se correspondan con peticiones de respuestas a consultas jurídicas o peticiones de elaboración de informes o dictámenes.
• Se consideren abusivas por su carácter manifiestamente irrazonable, repetitivo o por conllevar un desmedido abuso del derecho.
• Se refieran a documentación preparatoria, material en curso de elaboración o documentos o datos inconclusos y que no formen parte del expediente administrativo: inconclusos: aquellos sobre los que se esté todavía trabajando internamente y no se haya emitido ningún dictamen, informe o aprobación. En este caso, el órgano competente para resolver deberá informar a la persona solicitante acerca del tiempo previsto para terminar su elaboración.
• Se refieran a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, así como: anotaciones, borradores, opiniones, resúmenes de uso interno o comunicaciones internas que carezcan de relevancia pública o interés público. No tienen esta consideracion: informes jurídicos, técnicos, económicos y de otro orden que formen parte del expediente o guarden relación con las resoluciones y otros actos administrativo.
• Se refieran a información que para su divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración.
• No se estima como reelaboración la información que pueda obtenerse mediante un tratamiento informatizado de uso corriente, ni aquella acción que requiera aglutinar la información dispersa en varios documentos existentes.

Para tramitar una solicitud, por favor, pincha aquí.

Con objeto de hacer efectivo el derecho a la información pública de la ciudadanía, Sodena ha designado una Unidad Responsable de Información Pública (URIP) encargada de la tramitación en tiempo y forma de las obligaciones establecidas en la Ley Foral 5/2018. La URIP de Sodena es el departamento de Administración y Finanzas, con quien puedes contactar a través de transparencia@sodena.com o en el 848 421942.